Balances y perspectivas de la iniciativa del “Yasuní ITT”

Jesús Marín Fernàndez

El 7 de junio de 2007 el presidente de la república del Ecuador, Rafael Correa, que justo había asumido la presidencia del país cinco meses antes, presentó oficialmente la iniciativa del “Yasuní ITT”, un proyecto cuya piedra angular gira en torno a la no explotación de tres campos petroleros del país, que justamente se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní, en la amazonía, a cambio de una contribución mínima por parte de la comunidad internacional del 50% de los beneficios que obtendría el estado ecuatoriano en caso de explotar el crudo. El pasado martes 3 de agosto el gobierno y el PNUD firmaron el fideicomiso con el fin de recoger los aportes internacionales. El éxito de la iniciativa preservaría la región más biodiversa del mundo, evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y el territorio de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario sería respetado. El Yasuní ITT va en contra de los intereses del capital transnacional; su carácter ecologista y respeto a las comunidades indígenas supone un hito en cuanto a la preservación de la naturaleza y al respeto a los indígenas y su ancestral territorio se refiere, más aun cuando bajo estos se hayan grandes reservas de oro negro.

El Parque Nacional Yasuní y el pueblo Huaorani

El PNY es un parque nacional ecuatoriano creado el 26 de julio de 1979 para preservar la riqueza natural del oriente del país y especies en peligro de extinción. Abarca una superficie de 9.820 kilómetros cuadrados, siendo así el mayor parque de toda la amazonía occidental. Diez años después de su creación fue designado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, y otra década después parte del parque fue declarado como “Zona Intangible”, designación que prohíbe toda actividad extractiva en la zona. Entre las provincias de Orellana y Pastaza, abarca también parte del ancestral territorio del pueblo Huaorani, cuyos grupos Tagaeri y Taromenane, que residen en el interior el parque, permanecen en aislamiento voluntario. Hace pocos meses el PNY fue catalogado por científicos como el lugar con mayor biodiversidad del planeta, a saber: una hectárea cuenta con más especies de animales que toda Europa, se estima que unas cien mil especies de insectos y más variedad de árboles que Estados Unidos y Canadá combinados. Además, el parque protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica, región que abarca más de seis millones y medio de kilómetros cuadrados (frente a los casi diez mil del PNY). Tal es la potencialidad biológica del lugar que el científico Matt Finer de Save America’s Forests declaró: “Se predice que Yasuní mantendrá sus condiciones de bosques húmedos, a pesar que el clima cambie y se intensifique la sequía en el este del Amazonas en Brasil.” Su excepcionalidad tiene un por qué; el lugar fue una de las “islas” refugio de especies de flora y fauna durante el Pleistoceno, época geológica cargada de cambios climáticos y glaciaciones que comenzó hace 2,59 millones de años y que finalizó hace 12.000.

Por otro lado, en el bloque petrolero 22, más conocido como ITT por la denominación de sus campos (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), situado al extremo oriental norte del parque, más allá de la zona intangible, fueron descubiertas a principios de los noventa importantes reservas de petróleo pesado. Desde entonces, el interés por explotar el lugar ha invadido a las transnacionales petroleras, las cuales, y a partir de los setenta, gozan de diversas concesiones para explotar el crudo situado en la amazonía ecuatoriana.

Los Huaorani, por su parte, son un pueblo indígena cazador/recolector cuyo territorio ancestral abarca una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. La mitad del mismo se encuentra hoy entre las “fronteras” del PNY, pero bien con el tiempo muchos grupos se han alejado de su ancestral modo de producción y consumo.

En 1958, y con el objetivo de preparar la entrada a las petroleras, misioneros evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano contactaron con el pueblo Huaorari. Actualmente, muchos grupos indígenas han pasado a depender de las petroleras, han perdido parte de sus costumbres y han contraído enfermedades como la Hepatitis B y C. Otros, como los Tetetes y los Sansaguari, desaparecieron durante la actividad petrolera de la compañía Texaco. La presión de petroleros, madereros, colonos, y del propio estado, redujo la zona de movimiento de los también llamados “Huaos”. Sólo tres clanes, los Tagaeri, Taromenane y Oñamename, decidieron mantener su forma de vida y evitar todo contacto con el exterior. Los dos primeros están hoy seriamente amenazados, pues habitan la zona del ITT.

El carácter expansionista del capitalismo arrasa con la amazonía y sus pueblos originarios

A partir de los setenta la extracción del crudo pasó a ser uno de los pilares económicos del Ecuador. La incursión de las petroleras en la amazonía conllevó la explotación y contaminación del lugar, arrastrándose también tras de sí, y gracias a la construcción de carreteras: deforestación, plantaciones monocultivas extensivas y nuevos asentamientos de colonos. La mayoría de los Huaos se adaptaron a las necesidades del afán de beneficio de las grandes corporaciones; trabajando para ellas; dependiendo de ellas. Los impactos ambientales y sociales son muchos:

Actividad petrolera

Las distintas fases de la actividad petrolera han provocado diversos impactos ambientes: deforestación, erosión del suelo, contaminación de aguas y suelo debido a vertidos de crudo, desechos químicos y domésticos, contaminación del aire por la quema de gas, pérdida de biodiversidad.

Deforestación, monocultivos extensivos y cacería

La construcción de carreteras que permiten el desarrollo petrolero trajo consigo la colonización de lugares antes inaccesibles. Empresas madereras y redes de contrabando regional usan tanto las vías como los diversos ríos para transportar la madera. Enormes monocultivos de cacao o palma africana se extienden a ambos lados de las carreteras. La cacería de subsistencia se ha convertido en una actividad extensiva y comercial.

Estragos sociales

En 1999 se reportó que el 80% de los Huaos estaban contagiados por la Hepatitis B y C. La contaminación del territorio ha trastocado y minado las economías sostenibles de las diversas comunidades. Además de los engaños que muchas han sufrido, otras han sido reprimidas por su negativa a entregar sus tierras a la explotación petrolera. Conflictos por el pago de indemnizaciones, amenazas, sobornos e irrespeto a sus culturas, han sido la tónica que han desempeñado las petroleras. Otros impactos sociales de la actividad petrolera han sido y son: prostitución, alcoholismo, descomposición familiar, aumento de la violencia, inseguridad.

Además, la extracción de petróleo ha sido fuente de corrupción y no ha significado el desarrollo del país. El Ecuador fue, y sigue siendo, un país producto, es decir, un país subordinado a las necesidades de las grandes empresas en su afán por obtener materias primas. Y es que la incursión de todo tipo de petroleras y otras transnacionales sólo responde a las necesidades de su propio negocio; facilitar materias primas a gigantescos sectores industriales capitalistas, como el del automóvil, que producen productos a vender, sean útiles o no, sean contaminantes o no (aunque cabe resaltar que en general es que sí, ya que ello abarata costes de producción), sin tener en cuenta el medio ambiente y los asuntos humanos. La explotación de la amazonía y el irrespeto a sus pueblo originarios son un gran ejemplo del funcionamiento de la globalización capitalista y del colonialismo de las multinacionales.

Una propuesta anticapitalista: el Yasuní-ITT

Alberto Acosta, ministro de energía y minas en 2007, planteó en marzo del mismo año una propuesta revolucionaria en relación al ITT. Tal iniciativa, elaborada por él y por otras personas de dentro y fuera de las filas de Alianza País, consistía en la no explotación del crudo pesado de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini situados en el PNY, preservando así la biodiversidad del lugar, evitando la emisión de 407 toneladas de CO2 y respetando a los pueblos indígenas y a sus formas de vida. A cambio, la comunidad internacional debería abonar a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la mitad de los beneficios que obtendría el estado por explotar esos campos. El estado emitiría bonos por el inamovible petróleo y el recibimiento de los 3.500 millones de dólares se haría de forma escalonada. Los fondos serían destinados, entre otros, a la protección de los 41 parques nacionales del país, a la reforestación de 10.000 kilómetros cuadrados, a la generación de energías no contaminantes y a la soberanía alimentaria. El presidente Correa, tras analizar las diversas alternativas, apoyó esta, presentándola pocos meses después al país y al mundo.

Tal novedosa iniciativa ecologista, anticapitalista, choca con los intereses del capital transnacional y propone al mundo una financiación alternativa para el Ecuador. Los países ricos, causantes de la mayoría de emisiones, y por ende, del calentamiento global, pagarían por la conservación de la naturaleza y por la no explotación del petróleo. Los fondos, además, irían dirigidos a preservar el medio natural, producir energía a limpia e impulsar la soberanía alimentaria.

A los tres años de presentar la propuesta diversos han sido los avances que han obtenido las diversas Comisiones Técnicas para obtener los 3.500 millones de dólares. No obstante, los ataques que ha sufrido la iniciativa también han sido varios.

La política económica extractivista y primario-exportadora del gobierno ecuatoriano acecha el éxito del proyecto.

El pasado enero la tercera Comisión Técnica Negociadora y el Ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dimitieron en bloque. La causa: Correa suspendió una firma en la cumbre climática de Copenhague de 1.700 millones de dólares y agregó en público: “Yo di la orden de que no se firme ese fideicomiso en esas condiciones vergonzosas (…) Quédense con su plata y en julio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía.” Sobre la explotación, Correa se refiere al llamado “Plan B”, opción que busca explotar el crudo a partir de julio de 2011 en caso de no obtener la compensación económica buscada. Fue entonces, a principios de año, que ese segundo plan fue mencionado en diversas ocasiones, causando malestar en la población ecuatoriana y diversos parlamentos, como el alemán, gran interesado en contribuir económicamente y afianzar el éxito del proyecto. Tales reacciones, en parte, provocaron el nombramiento de la cuarta Comisión y un nuevo impulso a la iniciativa.

Por otro lado, cabe resaltar que el proyecto Yasuní-ITT no es una simple muestra de la política económica del gobierno; todo lo contrario, es la única iniciativa anticapitalista. El rumbo económico del país sigue siendo primario-exportador, está subordinado a la gran empresa privada, no pretende crear una alternativa al sistema. La ley minera, de aguas, la conexión Manta-Manaos y las nuevas licencias para explotar el petróleo de la amazonía así lo atestiguan. En abril, la Ministra de Ambiente, Marcela Aguinaga, dijo que se estaba tramitando una nueva licencia para explotar el yacimiento Armadillo, situado a las puertas del PNY. El impacto que sufriría el parque debido a esa actividad petrolera es indiscutible. También, y poco más tarde, Esperanza Martínez, directora del proyecto Amazonía por la Vida y miembro de Acción Ecológica, denunció el avance de la construcción de un oleoducto cuyo objetivo es conectar los campos actuales con los ITT.

Correa desaprovechó también dos claras ocasiones para presentar la iniciativa al mundo y concretar su éxito. En diciembre no viajó a Copenhague, lugar y momento preciso para publicitar la no extracción del crudo del ITT bajo compensación económica, perdiéndose así una oportunidad única para avanzar sobre el fideicomiso, explicar el proyecto, y aportar luz a una cumbre oscura. Sí fue a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático celebrada en Cochabamba en abril de 2010, pero hizo hincapié en el plan B, argumentando que la explotación no acarrearía un gran impacto ambiental. Más, la violación de la constitución por parte del gobierno ha sido reiterada. La ley minera, por ejemplo, fue aprobada sin la consulta previa necesaria a las comunidades indígenas afectadas. Una cómplice Corte avaló la decisión del poder ejecutivo y legislativo, desobedeciendo lo que dicta la constitución. Sobre el Yasuní, el pueblo Huarorani y sus clanes no contactados, la constitución reconoce:

- Artículo 407.

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la presidencia de la república y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

- Artículo 57. El punto 4 estable como derecho colectivo:

Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

Aun si el Yasuní ITT es exitoso, no supone que la explotación de Armadillo, por ejemplo, afectando al parque, esté justificada. El irrespeto a la constitución ha sido reiterado. Las contradicciones del gobierno, tanto en su política económica, como en el impulso tortuoso de tal iniciativa revolucionaria, y aun habiendo conseguido el fideicomiso, suponen un riesgo para el éxito del “Plan A”. (Un riesgo no sólo de carácter ecológico, sino también político.)

La importancia de la iniciativa

La depredación del territorio y la contaminación del mismo que han ejecutado los órdenes socio-económicos no democráticos, el capitalismo y el mal llamado “socialismo”o “comunismo” que imperó en URSS, por ejemplo, han llevado a la mayor extinción de especies desde la desaparición de los dinosaurios. Sus motores: la combustión ininterrumpida de combustibles fósiles durante dos siglos, que ha provocado un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, han alterando el clima. La crisis ecológica global es efecto de la crisis democrática global; sólo un control democrático de la economía puede reorientar la misma hacia escenarios más sostenibles. Bajo este contexto, el Yasuní ITT se presenta como una alternativa para la obtención de recursos económicos no contaminante, preservando la naturaleza y pueblos originarios. Sin embargo, este es un solitario proyecto que necesita del apoyo de una política económica acorde con su filosofía. Y de democracia:

Amenazas ecológicas al PNY a corto y largo plazo.

El ITT puede no llegar a explotarse, pero la intervención extractiva, la deforestación, los monocultivos extensivos, suponen una amenaza real para la preservación del parque. Preservarlo, entonces, significa cambiar el paradigma de la protección a los espacios naturales. Es decir, estos no pueden ser meros reductos de un territorio devastado; la crisis ecológica nacional y global acabarían por afectar el Yasuní; y estas necesitan de acciones a nivel internacional para no agravarse. La solución pasa por anteponer el medioambiente y los asuntos humanos al capital, por crear un orden nuevo donde la naturaleza pueda defenderse con eficacia. En pocas palabras, de democratizar el motor de la sociedad: la economía.

El triunfo del Yasuní-ITT depende de su expansión.

No sólo por cuestiones ecológicas, sino sobretodo políticas. El triunfo político puede ser más crucial para el futuro que el triunfo ecológico en sí del ITT. La iniciativa ecuatoriana supone un desvío en la “autopista capitalista”; y esta necesita de fuertes cimientos para consolidarse, de una alternativa económica democrática que pueda ser consecuente con la protección de la naturaleza, y por consiguiente, del PNY. Sólo así podrá ser exitosa, sólo así podrá servir de ejemplo e inspirar a otros a buscar nuevos desvíos que conecten con el ecuatoriano, enlazando vías para conformar una “autopista anticapitalista”.

La alternativa a la globalización capitalista será internacional, o no será nada.

El triunfo ecológico y político del Yasuní-ITT, el nacimiento de una alternativa, parcial en muchos aspectos, y que no da respuestas aun a muchas preguntas y contextos diferentes, pero en sí, una apuesta eficaz para preservar el medio, significaría un hecho histórico sin precedentes. Pero bien la amenaza del gran capital y sus instituciones a su servicio buscarían la manera de hacer fracasar el (aun necesario) giro del Ecuador. Por cuestiones ecológicas y políticas, el Yasuní ITT necesita internacionalizarse.

Notas finales

El proyecto “Yasuní ITT” impulsado por Correa y Alianza País es una respuesta reflejo a los conflictos y devastación que ha producido la explotación del crudo en la amazonía. El gobierno ecuatoriano, no obstante, y su política económica capitalista, son un gran obstáculo que afronta la iniciativa. Su fracaso provocaría malestar en la sociedad ecuatoriana y en muchos parlamentos interesados y dispuestos a colaborar. Es más, el Yasuní-ITT es una propuesta de financiación alternativa, ecologista, respetuosa también con los seres humanos y sus formas de vida. Su éxito puede servir de ejemplo a otros países; el proyecto puede propagarse. Pero eso depende, en primer lugar, de la voluntad del gobierno. Cochabamba y Copenhague constituyen un ejemplo del débil y poco liderazgo de Correa en esta iniciativa. La contradicción que supone un proyecto anticapitalista en el marco de una política económica extractivista, no democrática, y subordinada a los deseos del capital transnacional, es una amenaza. El inicio del triunfo político y ecológico del Yasuní-ITT sólo será indiscutible bajo la aplicación de una política económica nacional diferente. El Yasuní ITT está obligado a ser un prólogo, no una calle sin salida.

El partido de Evo ganó, pero no pudo ampliar su poder como esperaba

Pablo Stefanoni

www.clarin.com

El partido de Evo Morales se impuso ayer en cinco de las nueve gobernaciones de Bolivia, según los primeros conteos rápidos. Y aunque el país andino está lejos de quedar pintado de azul, el color del oficialismo, se confirmó que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue siendo el único partido nacional.

Según los datos a boca de urna que se tomaban ayer aquí como una tendencia definida, el MAS triunfaba con amplitud en sus bastiones: ganó la gobernación de La Paz aunque con menos de lo esperado (no llegaba al 50%), se quedó con Chuquisaca y arrasó en Potosí, Oruro y Cochabamba con alrededor del 60%. Pero, pese a la activa participación del presidente boliviano en la campaña electoral, la fragmentada oposición logró retener las principales regiones autonomistas del oriente del país, incluso donde Evo Morales se impuso en las presidenciales del 6 de diciembre pasado. Rubén Costas era reelecto en Santa Cruz con más del 50%, Mario Cossío lograba quedarse en la gobernación del sureño departamento de Tarija, sede de casi todo el gas que tiene Bolivia, y el conservador Ernesto Suárez se impuso a la ex Miss Bolivia Jessica Jordan en Beni.

En el amazónico Pando oficialismo y oposición peleaban cabeza a cabeza esta gobernación intervenida por el Gobierno después de la "masacre del 11 de septiembre" de 2008 cuando ocupó militarmente esa aislada región del extremo norte.

Pero fue la elección de alcaldes la que dejó un sabor amargo al oficialismo: aunque se imponía en numerosas alcaldías rurales, de las nueve ciudades capitales el MAS sólo ganaba una, según conteos rápidos: Cobija, la capital de Pando. Perdía en Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Trinidad (Beni), Potosí, Sucre. Y empataba en la estratégica Cochabamba y en Oruro.

En tal sentido, fue la alcaldía de La Paz la derrota más dolorosa para el oficialismo, en su principal bastión. Con una particularidad: en esta ciudad sede de Gobierno la pelea no fue contra la derecha sino con el Movimiento sin Miedo, aliado hasta hace poco del Gobierno. Luego de la ruptura, el MAS llenó de insultos a esta fuerza de centroizquierda, llamando a los "sin miedo" traidores y neoliberales. El propio Evo Morales salió a la palestra para imponer su influencia y subir a su candidata Ely Salguero, pero no alcanzó. Y ayer nacía una inédita oposición de izquierda moderada.

En la combativa y simbólica ciudad de El Alto tampoco fue cartón lleno. Se impuso el cuestionado dirigente de la Central Obrera Regional Edgar Patana con alrededor algo más del 40% (muy lejos del 90% conseguido por Evo en 2009) y sin mayoría en el concejo municipal. Allí sorprendió la votación de la desconocida Soledad Chapetón -"La Sole", de 29 años- postulante por Unidad Nacional (centro), cuyo voto de casi el 30% fue un fuerte rechazo a los caciques sindicales que controlan esta urbe plebeya de un millón de habitantes.

Para el politólogo cruceño Roger Tuero, "no hay una oposición política, hay muchas oposiciones regionales". Y eso se notó en la moderación del ampliamente reelecto alcalde de Santa Cruz de la Sierra. "Confío en que el Presidente es una buena persona, que quiere que el país se reacomode", declaró Percy Fernández, pese a la euforia.

Los datos oficiales de la elección serán conocidos hoy, lunes.

Los límites del oficialismo

Los resultados de ayer en las regionales bolivianas fueron agridulces para el oficialismo. La anhelada expansión hacia el oriente del país no logró los resultados esperados y la debilitada oposición logró conservar varios de sus reductos. Así, si en la arena nacional la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) es absoluta -controla sin fisuras ambas cámaras del Congreso-, en el nivel territorial el Poder Ejecutivo deberá convivir con derechas regionalizadas pero irreductibles, incluso donde, como en Tarija, Evo ganó en diciembre. Todo ello pese a las alianzas que el Gobierno hizo con sectores de las élites locales, como en Santa Cruz, donde para alcalde postuló a un empresario populista, hijo de un fallecido magnate de la cerveza.

Se ratifica así la tradicional dificultad del MAS para encontrar buenos candidatos. A diferencia del PT de Brasil, el partido de Evo nunca construyó su legitimidad en base a buenas gestiones locales. El arrollador liderazgo de Evo Morales no logró levantar a muchos candidatos cuestionados, grises o "impuestos a dedo". El deslucido triunfo en la gobernación de La Paz, principal bastión del evismo, es un ejemplo de ello.

A esto se sumó el costo de una desgastante -y para muchos de sus adherentes, inútil- pelea con el Movimiento sin Miedo, del alcalde paceño de La Paz, Juan del Granado. Insultos gubernamentales arrojaron a sus ex aliados a la oposición, que ayer le arrebató al MAS la principal alcaldía del país. Y daban nacimiento a una nueva oposición de izquierda moderada en el más duro bastión oficialista.

Con todo, eso no acredita el optimismo de algunos analistas opositores sobre la reconstrucción de la media luna autonomista. A diferencia del escenario previo a 2008, nadie duda de las falencias de la derecha para salir de sus trincheras y construir una fuerza nacional. Y el escenario abierto ayer no habilita pronósticos optimistas en ese sentido. Ni los analistas más críticos dudan de que Evo Morales sigue muy cómodo en su sillón.

http://www.clarin.com/diario/2010/04/05/elmundo/i-02173973.htm

Bolivia: Una hegemonía con riesgos en el futuro

Pablo Stefanoni, desde La Paz
Clarín, Buenos Aires, 7-12-09

Hace cuatro años, Evo Morales llegaba a la presidencia con casi el 54% de los votos, y pocos imaginaron que ese récord podía ser mejorado. Pero ayer, el mandatario boliviano superó su propia marca al ser reelecto con más del 60% de los votos. Un resultado que se explica por la consolidación del apoyo sin fisuras de los sectores populares y de adquisiciones más recientes entre los sectores medios, sumado al hecho de que el padrón del occidente andino sigue definiendo los comicios bolivianos. Allí el apoyo al oficialismo fue abrumador. Ningún presidente obtuvo semejante votación desde la revolución de 1952, cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario controlaba sin contrapesos el Estado y las elecciones.

Y aunque la oposición logre ganar Santa Cruz, como se anticipaba ayer, esto ya no alcanza. "Esta elección es nacional y la contundencia de Evo Morales no admite discusión", sostuvo el analista cruceño Carlos Hugo Molina. La "media luna" ya no existe: en Tarija y en Chuquisaca ganó el oficialismo, y en todo el oriente el MAS (Movimiento al Socialismo) subió su votación.

"Un Morales tenía que llegar. Podía haberse llamado Quispe, Mamani, Condori o Choquehuanca. Estaba reservado por obvias razones el lugar de primer presidente indígena para un aymara o un quechua", dice el ex presidente Carlos Mesa. Y Evo Morales -un animal político a tiempo completo- ocupó ese lugar subido a una ola de rebeliones sociales entre 2000 y 2005 que pulverizó al sistema político nacido en 1985 y conocido como la "democracia pactada".

Ningún candidato opositor pudo competir con el arrollador Evo Morales, capaz de conmover las fibras más íntimas de la Bolivia profunda en cada uno de sus discursos proselitistas. "A la gente, al final, le gusta el discurso de pelea y confrontación de Evo Morales", dice, decepcionada, la socióloga Susana Selema, opositora acérrima al gobierno. En verdad, el proceso liderado por Morales se piensa a sí mismo como una revolución antielitista, de ahí el poco apego a las formalidades institucionales. "Partido dominante, oposición débil y confundida, sin espacio para el centro", resumió la ex parlamentaria Erika Brockmann.

Pero el fin de la polarización es todo un desafío para un gobierno que cohesionaba a su tropa ante al peligro de una "oposición desestabilizadora al acecho". Las promesas de campaña fueron muchas, entre ellas un ambicioso programa industrializador. Pero la realidad sigue siendo "extractivista": gas y minería. Según el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Javier Gómez, "los esfuerzos del gobierno se tradujeron en la captación de la renta por exportaciones de hidrocarburos y su transformación en bonos sociales". Pero con esto no alcanza: la pobreza sobrevivió a la abundancia de reservas internacionales y al derrame del crecimiento económico. Y los problemas de corrupción en la petrolera YPFB alertan sobre el nuevo capitalismo de Estado.

La conformación del MAS en un inédito partido hegemónico -percibido por muchos como una agencia de empleo- con mayoría en ambas cámaras y con capacidad de "copar" el Estado introduce no pocos riesgos a futuro, y el desafío de saber administrar esta inédita victoria. Fueron muchos en Bolivia quienes intentaron dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo y fracasaron. Con estos resultados, Evo Morales tiene una oportunidad inédita. Y ayer eran puros festejos.

Bolivia: ¿un capitalismo andino-amazónico?

Eric Toussaint

Enfrentamientos izquierda-derecha en Venezuela y Bolivia

Venezuela y Bolivia sufren verdaderas batallas entre la izquierda en el gobierno y la derecha que, a pesar de estar en la oposición, posee el poder económico y mediático (sin contar los poderosos apoyos que cuenta en el aparato del Estado —ministerios, justicia, una parte del ejército y en la jerarquía religiosa (sobre todo católica y protestante).

En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron después del tercer año del gobierno de Chávez, es decir a comienzos del 2002. Tomó la forma de grandes enfrentamientos, como en el golpe de Estado de abril de 2002, en el lock-out patronal de diciembre de 2002-enero de 2002, en la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Y estos actos comenzaron a disminuir su intensidad después de agosto 2004, gracias a la victoria del No en el referéndum revocatorio del presidente Chávez. Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se ha reducido mucho.

En Bolivia, la derecha entabló verdaderas batallas en 2007 y 2008, después de menos de dos años de gobierno de Morales. Utilizó muchas veces la violencia y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, con el 67,43 % de los votos, no condujo a una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esta violencia fue in crescendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varios departamentos clave del este del país. La muy fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente al asesinato de partidarios de Evo Morales en el departamento de Pando (unido a la condena internacional, en particular por UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para aportar su apoyo al gobierno constitucional) acabaron en un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización de un referéndum sobre la nueva Constitución, que desembocó en una nueva victoria de Morales a fines de enero de 2009, ya que fue aprobada por el 62 % de los votantes.

Retorno sobre los enfrentamientos en Bolivia en 2008

En el año 2008 el gobierno de Evo Morales tuvo que hacer frente a la violenta oposición de una derecha que representa los intereses de la clase capitalista local (industriales, grandes terratenientes y grupos financieros), vinculada a los intereses de transnacionales privadas que explotan los recursos naturales (petróleo gas, diversos minerales). El vicepresidente, Álvaro García Linera, presentó en una entrevista una visión estratégica de este enfrentamiento. Parte del hecho comprobado de que la derecha, negándose a aceptar su posición de fuerza política minoritaria optó por la secesión de los ricos departamentos orientales. Describe a continuación la política seguida por el gobierno, que rechazó repetidamente el enfrentamiento antes de recurrir a la fuerza. He aquí algunos párrafos destacables de la entrevista:

«La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que en última instancia, el poder del Estado es coerción A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. […]

»Tras los resultados del referéndum aprobatorio en agosto, el bloque cívico-prefectural [es decir la derecha, nota del autor] inició su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan desbocados a un callejón sin salida.[…]»

Y viene Pando…

«El prefecto desata la masacre de Pando en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana. La masacre de campesinos igualará a los prefectos con su mentor, Sánchez de Losada [el presidente derrocado en octubre de 2003 par la ira popular] o García Meza , y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad. Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio en la historia boliviana dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población, horrorizada por la acción de los golpistas. Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz . No sólo campesinos y colonizadores se movilizaron sino también pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes, en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.

»La contundencia y la firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia. Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza. La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado.»

García Linera prosigue, estableciendo un paralelo histórico: «Una cosa parecida sucedió el año 1985 , cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron ante las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal. Hoy le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre del 2008 tendrá el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros de 1986. Sólo que ahora será el bloque plebeyo el que festejará la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. [...]».

Hasta aquí, García Linera desarrolla un punto de vista optimista sobre la derrota política de la derecha, pero más adelante en la entrevista, él mismo señala que a ésta no le faltan puntos de apoyo para reaccionar y tratar de recuperar la iniciativa para acabar con la experiencia de izquierda en curso: «La burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas de sus ingresos. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega entre un 20 a un 30 % del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario , comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de tratar de impedir que siga avanzando el proyecto popular. A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente son desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente.»

Reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios y progresos en la Constitución de 2009

Para entender el proyecto político indigenista defendido por importantes organizaciones relacionadas con el MAS, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, hay que remitirse al Pacto de Unidad, hecho público en septiembre del 2006 para preparar la Asamblea Constituyente.

Autonomía: «La autonomía indígena, originaria y campesina, en tanto que eje fundamental del proceso de descolonización y de autodeterminación, es la condición y la base de libertad de nuestros pueblos y naciones. Ella se basa en unos principios fundamentales, generadores de unidad y de articulación social, económica y política, no solamente entre nuestros pueblos y naciones, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Ella tiende a la construcción permanente de una vida plena entera, mediante formas propias de representación, administración y propiedad de nuestro territorio.»

Régimen de bienes raíces y territorial: «El derecho original sobre los recursos no renovables pertenece a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables, en cuanto a ella, en partes iguales a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos y al Estado unitario plurinacional.» Esta formulación está sujeta a diferentes interpretaciones. En efecto, lo que tiende a predominar en la política del gobierno de Evo Morales es la explotación de los recursos naturales por el Estado, como afirma con toda claridad el vicepresidente de la República en una reciente entrevista (véase más adelante «la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia»).

Latifundio: [El Estado] «debe distribuir las tierras de manera equitativa, garantizar los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y los pueblos originarios y campesinos y velar por el bienestar del conjunto de la población.»

Educación: «La prioridad del Estado plurinacional es dar a la educación, pilar fundamental, un carácter intracultural, intercultural, pluricultural y plurilingüe, en todos los escalones y bajo diversas formas; conforme con la diversidad étnica y lingüística del país, la enseñanza y la administración utilizarán prioritariamente la lengua indígena, el español después como lengua de comunicación intercultural.»

El Pacto de Unidad reclama también la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental y la creación de un cuarto poder independiente del Estado: el poder social instituyente alternativo que encuentra su fuente en los movimientos sociales. El tema del poder social plurinacional fue ampliamente debatido, en tanto que «cuarto poder» de carácter civil y corporativo (sus miembros serían elegidos por los usos y costumbres y por sufragio universal).Tendría como atribución «velar y controlar» los poderes del Estado y la facultad de sancionar, manteniéndose independiente de los mismos. —un idea que finalmente no fue recogida en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).

La nueva Constitución, aprobada finalmente en enero del 2009 en referéndum constitucional por el 62 % de los votos, constituye un adelanto para los pueblos indígenas y originarios. Esta Constitución garantiza, entre otras cosas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas al ejercicio de su propio sistema político, jurídico y económico, el establecimiento de territorios «indígenas originarios campesinos» dotados de competencias en términos de definición de la forma propia de desarrollo, de la administración de la justicia indígena, de la gestión de los recursos naturales renovables, etc. Estos derechos están garantizados en varias partes de la Constitución. A continuación la versión integral de la Parte I, Título II, Capítulo 4 de la nueva constitución boliviana:

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan .

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31.

I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32

El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Fin del Recuadro

La prueba del poder para el MAS

El partido del presidente Evo Morales, el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) tiene la particularidad de haber sido creado, a finales del los años 90, por organizaciones sindicales campesinas. En lo que respecta a la naturaleza social del MAS, Pablo Stefanoni se pregunta actualmente si no sería más interesante estudiar este movimiento político en tanto que partido de pequeños propietarios rurales y urbanos (comerciantes, pequeños empresarios) de origen indígena. Desde este punto de vista se modifica la comprensión de esta organización política, vista hasta aquí como una emanación de los movimientos sociales de los más oprimidos. En efecto, se trata de pequeños propietarios, que sería un error marginar, pues encajan perfectamente en un proceso de construcción de una sociedad alternativa a la capitalista, una sociedad de transición hacia el socialismo. Stefanoni plantea otra pregunta que profundiza el interrogante: «La acumulación familiar —rebautizada “capitalismo andino”— ¿no se basa de todos modos en formas de explotación y autoexplotación de los menos iguales, generalmente peores, que las que prevalecen en el capitalismo formal, regulado por el derecho del trabajo?»

Disponiendo desde el año 2006 de una mayoría en la Cámara de diputados, el MAS ha afrontado el ejercicio del poder político. Con el tiempo, como todo partido de izquierda que hace el ejercicio concreto de la participación en las instituciones parlamentarias y en el gobierno, se produce una evolución. El MAS no es una excepción. Como dice claramente Stefanoni, el razonamiento de cierto número de militantes cambia: «de la política debe servir para cambiar el país», se pasa a «¿por qué no tengo derecho a un cargo, cuando he hecho campaña y me he batido para que el MAS gane?» Es esto tan frecuente por que, según una regla de funcionamiento del MAS, los candidatos pagan ellos mismos los gastos de su campaña electoral, lo que significa que cierto número de ellos (¿la mayoría?) se endeuda para poder emprender una campaña que le permita tener posibilidades de ser elegido. En ciertos casos, también se comprometen a fin de asegurar los apoyos. Esto propicia el clientelismo, que ya impregnaba la vida política del país.

Cuando el MAS, accedió al gobierno, proclamó que rompía con una tradición que quería que el partido victorioso despidiera a un buen número de funcionarios para reemplazarlos por sus miembros o sus protegidos/clientes. Fijó el máximo de los reemplazos en un nivel muy bajo, el 5 % de funcionarios, a fin de garantizar la institucionalización no partidaria de la función pública. Esta decisión ha sido difícilmente aceptada por una parte de los militantes, que esperaban que su esfuerzo durante la campaña electoral o en la lucha fuera recompensado con puestos de trabajo. Finalmente, la dirección del MAS flexibilizó su posición y fue más allá del límite del cinco por ciento.

En enero del 2007, estalló un escándalo en La Paz: ciertos militantes del MAS se hicieron pagar su apoyo a unos candidatos funcionarios. Pero esto no adquirió proporciones masivas. A principios del 2009, un segundo escándalo causó mas daño: Santos Ramírez, dirigente histórico del MAS que había estado al frente de la empresa petrolera pública YPFB, fue descubierto en flagrante delito de corrupción a gran escala. El MAS en el gobierno reaccionó con firmeza a fin de dar el ejemplo. Santos Ramírez fue arrestado a la espera de su proceso. El MAS demostró a la sociedad que aunque alguno de sus dirigentes no estén inmunizados contra la corrupción, el partido rompía con la tradición de impunidad de los mandatarios políticos y era favorable a su condena en caso de delito. Dicho esto, el escándalo Santos Ramírez provocó una verdadera conmoción, que dejará secuelas.

Morales, inmediatamente después de acceder a la presidencia, tomó una medida ejemplar a fin de demostrar que ponía fin a los privilegios: redujo su propio sueldo. Evidentemente, esto fue muy bien visto por la población, con toda razón. La medida implicaba así mismo la rebaja de los sueldos de los demás mandatarios, pues era inconcebible que éstos ganaran más que el presidente y no dieran el mismo ejemplo rechazando sus privilegios. Luego el gobierno creyó oportuno flexibilizar su posición para permitir que los directivos de las empresas públicas percibieran altas retribuciones. Están autorizados a ganar más que el presidente de la República. Álvaro García Linera, quien justifica esta decisión, la denomina la NEP boliviana, haciendo referencia a la NEP aplicada por recomendación de Lenin a principios de los años 20 en la Rusia soviética.

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, aboga por un «capitalismo andino-amazónico»

García Linera es partidario del desarrollo de un capitalismo andino-amazónico en el cual el Estado desempeña un papel clave. Sin deformar la propuesta, se puede considerar que el vicepresidente boliviano es partidario de una forma andino-amazónica de capitalismo de Estado. De modo metafórico, utilizando la imagen del tren, describe con claridad la jerarquía de actores de este modelo: «Es que el Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.» . La perspectiva abierta por Álvaro García Linera es claramente diferente u opuesta a un auténtico socialismo del siglo XXI. Hay que reconocer que no lo oculta con rimbombantes frases socialistas. Su proyecto corresponde a uno de los posible guiones para el futuro.

Stefanoni atribuye a Evo Morales una perspectiva cercana o idéntica a la de su vicepresidente: «Lejos de alentar la lucha de clases en su acepción marxista, Evo Morales reactualiza los clivajes ya mencionados —nación/antinación, pueblo/oligarquía— y promueve de hecho una nueva “alianza de clases” —sin utilizar para ello ese término, que recuerda los años 50. Una alianza que incluye los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” para construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa así en la modernización/industrialización de una economía atrasada, bajo la dirección de un Estado fuerte que reemplace a una inexistente burguesía nacional.» Esto nos lleva a las antípodas de las numerosas posiciones adoptadas por Evo Morales en otros países y en los foros internacionales cuando denuncia el sistema capitalista y declara que hay que desembarazar de éste al planeta.

Por otra parte, García Linera cuestiona cierta visión «ongista»: «[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONGs, lo cual no quita que existan lógicas organizativas, económicas y políticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en el año 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una lógica muy flexible. Le apuesta a la acumulación pero nunca lo arriesga todo en la acumulación. Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien, contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar, me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto todo. Nunca se acaba de romper con la lógica familiar… Quieren modernizarse pero lo hacen a su manera. Pueden exportar, globalizarse, pero el núcleo familiar sigue siendo la reserva última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15 trabajadores, en lugar de avanzar a 30 o 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado, hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional, weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes, de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es una lógica antagonizada, separada, con la lógica “occidental”. Quienes han participado de los últimos movimientos fácilmente se dan cuenta de eso.»

La explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia

De un modo coherente, con respecto a la perspectiva de un «capitalismo “andino-amazónico”», García Linera se manifiesta, en la entrevista que sigue, a favor de la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica. También aquí defiende una real politik apartada del frecuente discurso ecologista del presidente boliviano.

«En el caso de la exploración de gas y petróleo en el Norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado. […] ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija con el 90 % del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. […] ¿Si las comunidades dicen que no igual el Estado va a entrar? Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG , o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.»

Esta posición adoptada no deja de recordar las diferencias políticas que se manifiestan en Ecuador, entre Rafael Correa, por una parte, afín a las posiciones de García Linera, y, por la otra, la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) y la ONG Acción Ecológica. Correa criticó en repetidas ocasiones las posiciones de los «izquierdistas» y de los «ecologistas radicales» que se oponen a la explotación de los recursos naturales del país. De todos modos, a pesar de estas críticas, la posición oficial del gobierno y del presidente ecuatoriano consiste hasta ahora en proponer a la comunidad internacional no emprender la explotación del petróleo que se encuentra en el territorio Yasuni, situado en la Amazonia ecuatoriana. Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y miembro del mismo partido que Rafael Correa, pero defensor de posiciones sensiblemente distintas en varios temas) es uno de los grandes promotores y defensores de la propuesta ecuatoriana.

Es lógico plantearse las siguientes preguntas: al tratar de convencer, en nombre del «bloque indígena-popular» (según la expresión de García Linera), a los pueblos amazónicos de que acepten la explotación de los recursos no renovables del subsuelo de los territorios ancestrales que ocupan, ¿no se inscribe el gobierno de Evo Morales en la prosecución de un modelo extractivo productivista? Un gobierno de derecha ¿no habría tenido que afrontar una resistencia popular muy fuerte de los pueblos indígenas si hubiese querido explotar en su territorio el petróleo de la Amazonia boliviana? Si dentro de algunos años la derecha volviera al poder, ¿no reduciría radicalmente las concesiones que el poder central ha otorgado a los pueblos originarios cuando quiso obtener el derecho de explotar los recursos de sus territorios? En ese caso, ¿no habría sido mejor para los pueblos originarios indígenas rechazar la explotación industrial de los recursos naturales no renovables?

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz