Decio Machado/KaosenlaredEl gobierno colombiano ejerce un rol de desestabilización territorial en la región andina, claramente diseñado desde estrategias externas a las realidades latinoamerica.
Dentro del despliegue militar del Pentágono en Latinoamérica, la cual incluye maniobras conjuntas, los operativos “humanitarios”, la reactivación desde julio del pasado año de la IV Flota, el Plan Colombia, modernización de FOLs ya existentes y la ubicación de bases militares en distintos puntos del continente, la utilización de siete bases militares sobre territorio colombiano ha abierto una nueva crisis en la región.
Bases militares de EEUU en territorio colombiano
Desde mayo de este año, declaraciones de muy diversa índole, muchas de ellas contradictorias se han ido posicionando por parte de diversas autoridades tanto colombianas como estadounidenses acerca de la reubicación de operaciones militares a partir del desmantelamiento de la FOL (siglas en inglés que significan Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta –Ecuador- a distintos puntos geográficos del territorio colombiano.
Ya en la primera quincena de mayo, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, indicaba que “sin duda” había altas posibilidades de trasladar a Colombia la base militar que operaba en la población ecuatoriana de Manta ante la negativa del presidente Correa de prolongar en convenio militar con los EEUU.
Tal manifestación provocó un aireado reclamo del presidente Chávez, que denunció que la nueva base militar estadounidense se posicionaría en La Guajira (zona fronteriza entre Colombia y Venezuela). En aquel momento, Juan Manuel Santos, aun ministro de Defensa, y hoy aspirante a la presidencia a la Presidencia de la República de Colombia, negó categóricamente dicha posibilidad. Pocos días después, el presidente Álvaro Uribe, rectificaba a su ministro de defensa, indicando que Colombia estaba estudiando esta cuestión.
El pasado 18 de julio se realizó el último despegue de un vuelo de observación de aviones estadounidenses desde la Base Militar Eloy Alfaro de Manta, y el 18 de septiembre dicha instalación militar será recuperada soberanamente por el gobierno y el pueblo del Ecuador, siguiendo el mandato del artículo 5 de su nueva Constitución: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” y los compromisos electorales de MPAIS con Rafael Correa a la cabeza.
Esta situación obligó al gobierno de los EEUU ha emprender negociaciones inmediatas no solo con Colombia, sino también con Perú, los dos países que quedan en el continente suramericano con gobiernos conservadores.
A primeros de julio, mes y medio después de la confrontación dialéctica entre los presidentes de Venezuela y Colombia, la prestigiosa Revista Cambio (de Colombia), revelaba los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Uribe y Obama para el traslado de las actividades militares de la Base de Manta a nada menos que siete bases en territorio colombiano.
A mediados de dicho mes, los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Interior, Fabio Valencia, así como el comandante de las FFAA, general Freddy Padilla, confirmaban que existía un entendimiento para que naves y personal militar y de agencias antidrogas norteamericanos estén en determinadas bases sobre territorio colombiano.
Tras las revelaciones de la Revista Cambio, la operación norteamericana en Colombia quedó al descubierto ante la opinión pública, saliendo a la luz que durante el mes de junio una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países, que permitía suplir las funciones que venía cumpliendo la FOL de Manta.
De acuerdo al informe revelado, las bases y su distribución serían las siguientes:
Base Germán Olano de Palanquero
Ubicado al margen del Río Magdalena, en Puerto Salgar. Principal unidad operativa de las Fuerzas Armadas Colombianas. Base de operaciones de aviones dotados con equipos de inteligencia, transporte de tropas y material pesado. Y con infraestructura de dos hangares con capacidad para 60 aviones, con una pista de 3.500 mts., donde pueden despegar 3 aviones simultáneamente.
Base Aérea Alberto Pouwels Rodríguez en Malambo
Sede del Comando Aéreo de Combate No. 3. Opera en el área del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y presenta múltiples ventajas logísticas y operativas. Es base habitual de operaciones de aviones A-37B, llamados "los dragones del Caribe", que se usan en misiones contrainsurgentes, y de un escuadrón táctico compuesto por más de 300 helicópteros. Desde allí operaría parte de la flotilla de aviones P-3 Orión, más conocidos como "aviones espías".
Base Aérea Capitán Luís Gómez, en Apiay
Es la punta de lanza de las operaciones contra los frentes del bloque oriental de las FARC. Allí se concentran las operaciones de una flota de aviones AT-27 Tucanos y Supertucanos. La base sería el centro de operaciones de aviones de reconocimiento y de los Awacs que son radares volantes de gran alcance.
Base de la Bahía de Málagay Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena
Serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.
El acuerdo contemplaría la utilización parcial de las instalaciones colombianas, diferenciándose del acuerdo firmado para Manta en 1999, por la ampliación de operaciones hacia el Caribe (Océano Atlántico) y cooperación en la lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, el Presidente de Colombia anunció el 16 de julio de 2009 que Colombia está interesada en que esa presencia llegue a por lo menos otras dos bases donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Fuerte Militar Larandia, en Florencia y Fuerte Militar de Tolemaida.
Todo ello con una cláusula que indica la renuncia a toda reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en el desarrollo de las operaciones militares, así como la inmunidad para todos los miembros de la misión, tanto militares como civiles, frente a las autoridades judiciales colombianas.
Gira de Uribe por el continente
Los posicionamientos de varios países latinoamericanos cuestionando la instalación de bases norteamericanas en Colombia, hizo que el presidente Álvaro Uribe activase una gira relámpago por diversos países de Suramérica.
Uribe arrancó su gira el martes 4 de agosto, visitando Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde concluyó en la tarde del jueves 6. La visita relámpago de Uribe apenas ha tenido resultados efectivos en Perú, donde Alan García aseguró haber llegado con Uribe a un “buen acuerdo”, y criticó que Colombia sea víctima de acusaciones sin fundamento de algunas naciones latinoamericanas, en clara alusión a Venezuela y Ecuador.
De los países visitados, Bolivia fue claramente el más crítico, manifestando que pedirá en la UNASUR, en concreto en su Consejo Suramericano de Defensa, rechazar bases militares extranjeras en América Latina. Los demás países manifestaron su preocupación ante estos hechos y una alerta sobre la inestabilidad que esto causa en la región, aunque posicionaron de forma muy diplomática su respeto a la soberanía colombiana, pidiendo transparencia en los acuerdos.
En resumen, Colombia tendrá que afrontar un duro trance el próximo 10 de agosto en el Consejo de Defensa Suramericano, teniendo que dar respuesta a los reclamos y preocupación de múltiples países de la región. Sin duda, el mecanismo de consenso adoptado por UNASUR para la toma de decisiones, salvará a Colombia de la condena, aunque su aislamiento en el contexto regional va siendo cada vez mayor.
El papel de Colombia en UNASUR
Las recientes declaraciones del vicepresidente colombiano Francisco Santos indicando que UNASUR podría “morir” por el hecho de que Ecuador asuma la Presidente Pro Témpore, vienen a dejar claro el rol de obstaculización que Colombia desarrollará durante todo el próximo año en la Unión de Naciones Suramericanas.
Su constante papel de obstaculizador en el grupo de trabajo sobre mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones, grupo propuesto por Ecuador en su búsqueda de una alternativa regional al CIADI (centro dependiente del Banco Mundial y al servicio de las transnacionales norteamericanas y europeas), así como su negativa en primer momento a incorporarse al Consejo de Defensa Suramericano, indican una posición clara de freno en todo lo que tiene que ver con el proceso de integración latinoamericano y su desarrollo.
Colombia desarrolla así, un rol estratégico en la zona, no solamente como un elemento de desestabilización regional, sino como un país que ejerce de freno en todo lo concerniente a integración regional. Sin duda, es la cabeza de puente de los intereses norteamericanos en el continente, poco interesados en la posibilidad de construcción de una América Latina unida y trabajando en pro de sus intereses.
Un nuevo intento por desviar la atención
En su estrategia de guerra sucia mediática, Colombia denunció, a través de su vicepresidente Santos, que las FARC contaban con un poderoso arsenal comprado por Venezuela a Suecia, que incluía armas antitanques y lanzacohetes y que había sido
confiscado por el ejército colombiano.
“Ya en varios operativos hemos podido recuperar arsenales de las FARC. Hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, armas antitanques que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de las FARC”, fueron las palabras utilizadas por Santos para incrementar la tensión, desviar la atención de la problemática de las bases estadounidenses en su país y desestabilizar una vez más la región.
El propio Uribe echaba más carne al asador, posicionando un llamamiento internacional: “Que la comunidad internacional en todas partes nos ayude. Estos bandidos han podido acudir históricamente a muchas fuentes de armas. Hemos sabido por inteligencia que ahora están buscando comprar unos artefactos tierra-aire, para atentar contra nuestros aviones”.
Incluso el propio gobierno sueco pidió explicaciones al presidente Chávez ante la incautación de dicho armamento en un campamento de las FARC, reconociendo que estas armas habían sido vendidas a Caracas en 1988 por Saab Bofors Dynamics, filial de Saab AB y fabricante de los lazacohetes antitanques AT-4.
Una vez más, los gobiernos limítrofes con Colombia han tenido que desacreditar las tesis uribistas de intervención en el conflicto interno que arrastra este país desde 1948.
El pasado 5 de agosto, el propio presidente venezolano, Hugo Chávez, tenía que salir a los medios de comunicación aclarando que los lanzacohetes venezolanos incautados a las FARC son “inservibles”, y fueron usados por el gobierno de Colombia para una nueva maniobra “sucia” contra su gobierno.
Chávez, demostró a través de un análisis de las fotografías enseñadas por Colombia, que los dispositivos que las FFAA colombianas dicen haber incautado, “son desechables (…) y estaban disparados”.
De igual manera, demostró que las armas suecas incautadas a las FARC y propiedad de la Fuerza Armada de Venezuela fueron robadas en 1995, antes de su mandato, por la insurgencia colombiana en 1995 en un ataque al puesto naval venezolano de Cararabo, mostrando un acta de la fecha donde se señala que la guerrilla se llevó todo: “municiones, 18 fusiles automáticos livianos (…) y cinco lanzacohetes AT4”. En dicho ataque, murieron 14 marinos venezolanos.
La estrategia de manipulación mediática colombiana
La estrategia de manipulación mediática utilizada ya desde hace años por Colombia conlleva varios tentáculos no solamente internos, donde el control sobre los medios de los uribistas es total (hoy divididos ante la pugna entre el ex ministro de Defensa Santos y Uribe por la presidencia de dicho país). En su plano externo, Colombia, a través de una alianza mediática con grandes grupos mass media norteamericanos y europeos, tiende a posicionar sus versiones por encima de las demás en los periódicos y demás medios de comunicación más importantes del planeta.
La última demostración de esta manipulación mediática viene de la mano del grupo PRISA y su medio de comunicación más relevante, el diario El País en el Estado español.
PRISA, multinacional de medios de comunicación cercana políticamente al PSOE, es el mayor accionista del grupo Caracol, el cual a su vez es el grupo mediático más importante de Colombia.
El Grupo PRISA maneja también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en España, EEUU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Siendo este grupo propietario a su vez de los diarios españoles El País, Cinco Días, Diario Jaén, El correo de Andalucía, Odiel de Huelva o La Voz de Almería, así como las plataformas informativas Radiópolis en México, Padahuel en Chile o El Nuevo Día de Bolivia. No es casualidad que en junio de 2005, Álvaro Uribe agradeciera la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la que entonces era la nueva sede de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al ya fallecido presidente entonces del Grupo PRISA, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo PRISA, es una muestra de confianza en nuestra patria”, indicaba Uribe en esta ceremonia.
Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que PRISA controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de Internet y encuestadoras. Bajo la cadena de Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras en AM y FM en distintas frecuencias de todo el país andino.
Todo ello con una vinculación directa a más de 136 multinacionales españolas que operan en territorio colombiano y que condicionan de manera permanente el posicionamiento del gobierno español con respecto a las violaciones de derechos humanos en Colombia. En este sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol o del diario más influyente de Colombia, El Tiempo, cuyo capital esta repartido al 50% entre la familia Santos y el grupo español Planeta (uno de los grupos mediáticos más conservadores en el Estado español), sino de sus múltiples empresas de comunicación a lo largo y ancho del continente.
En este contexto, uno puede leer en el diario El País textos sobre Honduras como los publicados el 31 de julio por Antonio Caño, corresponsal de dicho periódico en Washington:
“En un plano subterráneo, sin embargo, la Administración norteamericana –especialmente el Departamento de Estado- ha entendido que esta crisis, por insignificante que pareciera en su nacimiento, podría equivaler, adecuadamente manejada, al principio del fin del chavismo en América Latina. Es decir, el fin de una doctrina que predica el populismo, la confrontación con Estados Unidos y la acomodación de las leyes nacionales a la consolidación de un largo régimen. Para ello, Estados Unidos ha contado con la complicidad, al menos silenciosa, de varios países latinoamericanos que tienen los mismo recelos hacia Chávez, aunque no se atrevan a expresarlos en público”.
Al día siguiente, el pasado 1 de agosto, El País publicaba un artículo de Maite Rico titulado “El dinero perdido de las FARC”, donde la periodista pretende establecer los nexos de las FARC con el gobierno ecuatoriano, indicando entre otras cosas:
“Un mensaje de Raúl Reyes, muerto en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador, anuncia, en octubre de 2006, la aportación de 400.000 dólares (285.000 euros). La cifra coincide con las sumas ingresadas en efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País, el partido del entonces candidato Correa, y con los gastos de campaña no justificados ante las autoridades electorales.
El presidente ecuatoriano ha rechazado con vehemencia cualquier contacto o aportación de las FARC. Pero con unas evidencias cada vez más comprometedoras, Correa, (…), parece estar cambiando de estrategia: sugiere que alguien pudo haber usado su nombre para sacarle dinero a la guerrilla (…).
Un análisis del conjunto de los correos electrónicos hallados en los ordenadores de Raùl Reyes, a los que ha tenido acceso EL PAIS, permite reconstruir la bitácora de los contactos con bastante precisión”.
Indica la periodista de El País, ignorando la desacreditación realizada por analistas de la Secretaría General de la OEA sobre la información contenida en dichas supuestas computadoras, así como el rompimiento de la “cadena de custodia” y los análisis realizados desde otras instancias especializadas.
Y continúa haciendo afirmaciones que tratan de demostrar que la candidatura del actual presidente del Ecuador estuvo financiada por las FARC, de manera específica en la segunda vuelta. Llegando a decir:
“Mientras todo esto ocurría, las autoridades colombianas se desesperaban ante la falta de colaboración de sus pares ecuatorianos”.
¿Quién es Maite Rico?
Es considerada como una de las periodistas estrella del diario El País. Sus artículos se han caracterizado últimamente por panfletos uribistas, y ya el 9 de marzo del año pasado publicó en este mismo periódico un artículo titulado “Así fue la Operación Fénix”, donde cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, lo cual significó un fuerte protesta del gobierno ecuatoriano hacia el diario español por falta de veracidad en la información.
Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange , Rico publicó libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), intentando desprestigiar la figura del subcomandante Marcos de Chiapas, libro por cierto que fue fuertemente abalado por el The Washington Post o el Diario de las Américas (órgano de expresión de la “gusanera de Miami”) o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), donde trata de descubrir quien mató al obispo defensor de los derechos humanos en Guatemala, Juan Gerardi. En el libro de Francisco Goldman sobre el asesinato de Gerardi, el autor afirma abiertamente que la Rico y La Grange recibieron importantes sumas de dinero del mismísimo Álvaro Arzú (político y empresario guatemalteco, presidente de este país entre 1996 y 2000), con la finalidad de que este asesinato quedara en el misterio y los militares encausados por el crimen fueran rehabilitados.
Ambos libros son considerados en el mundo de la política y del periodismo de investigación serio como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.
Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del 2007, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como La Grange, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.
La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla.
Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos con el artículo publica el primero de agosto, que la supuesta veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fundamento y código ético.
Lo que no publica El País ni Maite Rico.
El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández, en su declaración del pasado mes de febrero ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno de la Fiscalía General de Colombia, denunciaba que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe (hoy presidente de Colombia), participaron en la planificación de crímenes en el norte del departamento de Antioquia.
Una confesión anterior del paramilitar, en la que no comprometió a los Uribe, fue utilizada hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Colombia fuese condena por una masacre cometida en el caserío El Aro entre el 25 y el 29 de octubre de 1997. Allí unos 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Mancuso y Castaño, y en complicidad con las fuerzas de orden público, asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron aproximadamente 900 cabezas de ganado.
Murieron al menos a 15 campesinos “en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”, según el fallo de la CIDH. En esa misma sentencia, el CIDH denuncia que “(…) como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción comunal de El Ario pidió protección a la gobernación de Antioquia, la cual no fue otorgada”, cuando Uribe aun ejercía esta gobernación.
Según publica el pasado 4 de agosto el Nuevo Herald, quien obtuvo la copia completa de la declaración de Villalba el pasado febrero, el paramilitar indica: “Álvaro Uribe nos dijo que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”, al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, dando luz verde a la masacre.
Villalba indica en su declaración que tres días antes de la toma paramilitar de El Aro, hubo una reunión en casa de un terrateniente del municipio de La Caucana –Antioquia-, donde además de los hermanos Uribe, se encontraban líderes de las AUC y mandos militares de la IV Brigada, donde se “gestó” todo el plan. Villalba también indica que Santiago Uribe “siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos”.
En enero de 2007, Francisco Enrique Villalba fue trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por similar masacre cometida en esta ocasión en La Balsita, municipio de Dabeiba –Antioquia- en noviembre de 1997.
También allí fueron asesinados 15 personas, y en su declaración indica: “también estaba el hermano de Álvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados (sicarios) para eso”.
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